– Segregación (es) escolar (es): una cuestión clave de justicia educativa y social

inclusion

Según el diccionario de la Real Academia Española, el verbo segregar hace referencia a ‘separar o apartar algo o a alguien de otra u otras cosas’ y también a ‘separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales’. A simple vista, pues, podría parecer que en un sistema educativo como el nuestro en el que la educación es obligatoria y común de los 6 a los 16 años de edad no existen formas de segregación escolar. A pesar de ello, el sistema educativo español se caracteriza por diversas formas de segregación que además de ser persistentes en el tiempo, explican en buena medida los elevados niveles de

desigualdad que caracterizan nuestro sistema educativo. Dichas formas de segregación de expresan a través de dos grandes canales: la segregación entre centros educativos y la segregación dentro de los mismos. Las variables sobre las que se desarrollan estos procesos son amplias y diversas e incluyen aspectos como el sexo de los estudiantes, el estatus socioeconómico y cultural de las familias, las necesidades educativas especiales o la nacionalidad y origen étnico del alumnado. A continuación nos centramos en las características de dos de los procesos de segregación más presentes en nuestro sistema educativo que, además, tienden a ser ampliamente naturalizadas y dadas por descontado. Es decir, entendidas como formas ‘naturales’ de separación y agrupación del alumnado según sus ‘necesidades’, ‘intereses’ o ‘particularidades’. Nos referimos, por una parte, a la segregación que se da entre alumnado autóctono y extranjero entre centros educativos y, por otra parte, a la segregación del alumnado en diferentes ‘grupos de nivel’ dentro de un mismo centro.

En primer lugar, y por lo que respecta a la segregación del alumnado entre centros, los datos oficiales vienen señalando desde hace años la existencia de una elevada desigualdad en la distribución del alumnado autóctono y extranjero entre centros educativos de un mismo territorio. Más allá de las particularidades de cada contexto local, se trata de una tendencia global de nuestro sistema educativo que se explica, en buena medida, aunque no solo, por las características de nuestra doble red escolar (pública /  privada-concertada). Así, en el conjunto del Estado, la red pública escolariza a un 82,2% del alumnado extranjero, mientras que la red privada-concertada únicamente escolariza al 13,1%, y en el caso de la red totalmente privada este porcentaje se reduce al 4,7% del total. Es más, la escuela pública, en conjunto, presenta unos niveles mucho mayores de concentración de alumnado en riesgo educativo y/o social.

La desigualdad en la distribución del perfil del alumnado entre centros públicos y privados-concertados no se explica, sin embargo, por dinámicas ‘naturales’ de agrupación de la población, ni exclusivamente por las ‘preferencias’ de diferentes grupos sociales en relación a diversos centros educativos. Si fuera una cuestión solo de preferencias individuales y naturales sería imposible una distribución tan desigual. Estos datos, por el contrario, se vinculan con un modelo de regulación y financiación de la doble red escolar ampliamente deficitario y que no pone en su centro la lucha contra la segregación y la desigualad. Ejemplos de ello son un gasto público en educación que se sitúa sistemáticamente por debajo de la media de la OCDE; un sistema educativo público que no siempre recibe los apoyos y los recursos suficientes por parte de la Administración; un sistema privado-concertado que, demasiado a menudo, establece mecanismos de selección del alumnado y vulnera el principio de gratuidad establecido por ley; o un modelo de elección escolar que se asemeja más a un mercado educativo que no a un espacio de distribución justa de oportunidades. Como bien indica el último informe del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de Catalunya, hay amplio margen de acción política para luchar contra la segregación escolar. Es más, equilibrar la distribución del alumnado entre centros educativos de un mismo territorio es una cuestión básica para garantizar unas mismas posibilidades de éxito escolar.

En segundo lugar, y por lo que respecta a la segregación del alumnado dentro de los centros, se trata de una cuestión que a menudo pasa más desapercibida en el debate público y que es más difícil de ilustrar con datos. La existencia de un tronco educativo común establecido por ley durante la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) explica que los llamados ‘grupos de nivel’ no aparezcan en las estadísticas oficiales y que, de hecho, se encuentren en los márgenes de la legislación educativa. No por ello, sin embargo, tienen menor importancia. Al contrario, los estudios existentes en nuestro país sobre esta cuestión afirman que, como mínimo, 1 de cada 3 centros de ESO agrupa a su alumnado de forma explícita y permanente por niveles de ‘capacidad’, sin contar con la multiplicidad de formas de agrupación del alumnado que en función de una supuesta flexibilidad los mantienen separados en la mayoría de asignaturas y horas lectivas. La agrupación por niveles tiende a explicarse con un argumento fácil: “Es el mejor mecanismo para atender las necesidades de todo el alumnado; según sus capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje. Es buenos para todos”.

Pero este argumento, ampliamente difundido y aceptado, es falso y lo es fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, la literatura especializada se ha encargado de señalar en numerosas ocasiones que buena parte de estos agrupamientos no se hacen según la ‘capacidad objetiva’ del alumnado, sino por los preconceptos del profesorado en términos de origen étnico y social. Ello explica que la mayor parte de grupos considerados de ‘bajo nivel’ estén sobre-representados por alumnos extranjeros y/o de bajo estatus socioeconómico. En segundo lugar, la misma literatura ha denunciado en diversas ocasiones que agrupar al alumnado por nivel polariza los resultados del sistema educativo y, por consiguiente, pone en cuestión los principios de equidad y cohesión social que deben caracterizar a todo sistema educativo. Es más, la segregación del alumnado en grupos de nivel no solo tiene impactos negativos sobre el nivel de equidad del sistema sino también sobre su nivel de excelencia. Como demuestran los análisis recientes de PISA, los sistemas educativos que más avanzan en términos de rendimiento son aquellos que, a su vez, mejoran en términos de equidad. Hecho que demuestra que existe un falso debate entre excelencia y equidad.

Luchar contra la segregación escolar, en sus diferentes manifestaciones es, pues, un requisito para garantizar la justicia educativa y social y para mejorar los resultados globales sistema educativo.

Fuente original: http://eldiariodelaeducacion.com/2016/09/28/segregacion-escolar-una-cuestion-clave-justicia-educativa-social/

Aina Tarabini. Geps-uab.cat

 

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